La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, que preside el senador Carlos Ignacio Kuschel, abordó en una sola sesión tres frentes que golpean al mundo pesquero del sur: una denuncia por las condiciones laborales en la cadena de la salmonicultura, los convenios del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas presentados por la ministra de Medio Ambiente, y la disputa por el futuro de la jibia.
El trabajo del mar detrás del salmón
La salmonicultura es la principal industria de la Región de Los Lagos: sostiene —según estimaciones del gremio productor— del orden de 86.000 empleos en toda su cadena de valor, de los cuales cerca de 41.000 corresponden a pymes y proveedores de servicios. Buena parte de ese engranaje son patrones y tripulantes de embarcaciones menores y pequeñas empresas que dan apoyo logístico y de transporte a los centros de cultivo a lo largo del litoral y los canales del sur austral.
Ante la comisión, dirigentes de la pesca artesanal de la provincia de Palena —desde comunas tan extremas como Chaitén— denunciaron que muchos de esos trabajadores acumulan remuneraciones, cotizaciones y finiquitos impagos por parte de empresas contratistas que operan en la cadena de la salmonicultura en Los Lagos y Aysén. Según los propios dirigentes, las deudas involucradas rondarían los 1.000 millones de pesos, y buena parte de los casos ya está en tribunales. Plantearon, además, comparaciones con países como Noruega, donde la empresa mandante responde de forma solidaria por su cadena de proveedores, y pidieron a la comisión oficiar a los organismos competentes.
El presidente de la comisión precisó que gran parte de lo expuesto corresponde a sedes judiciales y administrativas, y que la comisión estudiará su competencia y escuchará también a la otra parte antes de adoptar acuerdos. El debate remite a la Ley N° 20.123, sobre subcontratación, y a la responsabilidad de las empresas mandantes sobre los proveedores que las abastecen.
Nosotros no somos un tribunal, somos una comisión legislativa.
Senador Carlos Ignacio Kuschel, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
La ministra Toledo y los convenios del SBAP
La sesión recibió también a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y al director nacional del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff, para explicar los nueve convenios de colaboración que la institución firmó a comienzos de agosto con organizaciones ambientales, universidades —entre ellas la Universidad Austral de Chile— y entidades de certificación. La autoridad subrayó que esos acuerdos no implican transferencia de recursos públicos, que incorporan una cláusula de término anticipado y que las dos fundaciones cuestionadas en una sesión anterior no forman parte de los nueve convenios.
El punto había surgido de la inquietud de la industria del salmón por una acusación de “trabajo forzoso” en Chile presentada por organizaciones ante una instancia en Estados Unidos. En paralelo, el SBAP avanza en el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde CONAF —previsto para marzo de 2027, con cerca de 500 guardaparques—, un cambio de gran peso para una región como Los Lagos, que concentra buena parte del sistema de parques del país.
La disputa por la jibia
El tercer punto abrió las audiencias del proyecto que busca exceptuar a seis embarcaciones industriales de arrastre (de las regiones del Biobío y Ñuble) de la prohibición vigente para extraer jibia, un recurso hoy reservado a la pesca artesanal. La iniciativa se había aprobado en general la semana anterior sin audiencias, y la comisión resolvió escuchar las voces que faltaban.
Las posturas resultaron opuestas. Dirigentes artesanales advirtieron que la jibia es el último recurso de alrededor de 10.000 pescadores y que reabrir el arrastre concentraría la cuota y derrumbaría los precios; recordaron que el Tribunal Constitucional ya ratificó la exclusividad artesanal por ocho votos contra dos. Un doctor en pesquería, en cambio, sostuvo que el arrastre de jibia es altamente selectivo y que la prohibición cerró plantas y destruyó empleos en el Biobío. La comisión deberá ahora ordenar esa evidencia contrapuesta.
Qué viene ahora
La comisión adoptó definiciones concretas: invitará a Salmón Chile a responder por la denuncia laboral, continuará las audiencias del proyecto de la jibia y evaluará ampliar el plazo de indicaciones. Además, acordó reunir en un solo trámite doce proyectos destinados a sancionar el crimen organizado y el tráfico ilícito en el sector pesquero —una preocupación que esta misma comisión ya abordó al discutir la seguridad portuaria frente al crimen organizado—, para lo cual citará a la Fiscalía Nacional, la Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar), la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. En todos los frentes, el criterio fue el mismo: escuchar a todas las partes antes de legislar.
Fuentes: sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado (19 de agosto de 2026); estimaciones de empleo de la cadena del salmón (SalmonChile, gremial); Ley N° 20.123 sobre subcontratación; sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de la jibia.