La Sala del Senado aprobó en general y por unanimidad, el 12 de agosto de 2026, el proyecto que fortalece la seguridad portuaria, aduanera y logística frente al crimen organizado. Es una moción de la que es coautor el senador Carlos Ignacio Kuschel, quien la presentó a la Sala en su calidad de presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. El texto vuelve ahora a comisión para recibir indicaciones antes de su votación en particular.
Qué aprobó el Senado
El proyecto (boletín 18.420-25) cursa su primer trámite constitucional y busca fortalecer la seguridad portuaria, aduanera y logística mediante obligaciones proporcionales de trazabilidad, prevención, coordinación, gestión de riesgos y responsabilidad penal frente al uso de la cadena de comercio exterior por parte del crimen organizado. La Sala lo aprobó en general por unanimidad y lo devolvió a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para el estudio en particular, la etapa en que se revisan y votan una a una las indicaciones.
La iniciativa nació de una moción presentada el 7 de julio de 2026 por la senadora Paulina Núñez y los senadores Iván Flores, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Cristián Vial. Al informarla ante la Sala, Kuschel la resumió así: «la infraestructura portuaria es un área estratégica de la seguridad nacional, pero también es un objetivo para organizaciones criminales, las que contaminan carga y falsifican documentación».
Qué propone el proyecto
El texto interviene la cadena de comercio exterior en tres frentes:
- Trazabilidad e inteligencia aduanera. Establece obligaciones proporcionales de trazabilidad, prevención, gestión de riesgos y coordinación entre los organismos públicos y los operadores privados que intervienen en los puertos.
- Puertos como recintos de especial riesgo logístico. Reconoce legalmente esa condición, lo que permite exigir estándares de seguridad acordes a la amenaza.
- Mayor reproche penal. Agrava las sanciones cuando se usa la infraestructura o las credenciales portuarias para fines criminales, y refuerza los modelos de prevención que deben implementar las empresas del sector.
Por qué se necesita: los números del problema
En el debate se recordó que solo un 3% de los cerca de 4 millones de contenedores que llegan cada año a los puertos chilenos es fiscalizado, y que los distintos servicios portuarios funcionan de manera autónoma y no coordinada. La magnitud del riesgo quedó a la vista en junio pasado con la mayor incautación de droga de la historia del país: 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas en tablones de madera procedentes de Bolivia, detectadas en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.
El proyecto se suma a otras medidas ya aprobadas en la misma línea, como el fortalecimiento de la Policía Marítima y la centralización del esfuerzo de la Armada, la Aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En el debate se advirtió que varios de los cambios implican costos, por lo que la discusión en particular deberá considerar a las concesionarias portuarias, principales llamadas a implementar las nuevas exigencias.
Chile revisa apenas 3 de cada 100 contenedores que pasan por sus puertos. Cerrar esa puerta es de lo que trata este proyecto.
Qué está en juego para el país
Chile dejó de ser un mero país de tránsito y se está consolidando como nodo de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Lo que las organizaciones criminales explotan es, paradójicamente, la buena reputación comercial del país: reexportar droga desde un origen confiable ayuda a blanquear su procedencia real. Esa reputación limpia —que abre puertas a las exportaciones chilenas— se vuelve así una vulnerabilidad.
El riesgo no es solo interno. La droga incautada en junio tenía como destino más de una decena de países —entre ellos Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia y España—, y cada hallazgo con sello chileno tensiona la relación con esos mercados. La experiencia europea marca el rumbo: en Róterdam se escanean todos los contenedores que llegan desde América Latina. Si los socios comerciales dejan de confiar en la trazabilidad chilena, aplicarán controles generalizados que encarecerían y demorarían toda la carga nacional, tenga o no relación con el delito. Y lo que está en juego es grande: en 2025 las exportaciones marítimas de Chile sumaron US$93.765 millones.
Qué se gana con la ley
El proyecto no promete terminar con el narcotráfico, pero sí reducir la vulnerabilidad de los puertos y subir el costo de infiltrarlos. Sus beneficios más concretos:
- Detectar sin frenar el comercio. La trazabilidad y la inteligencia aduanera permiten focalizar el control —hoy en el 3% de la carga— sin paralizar el flujo legítimo.
- Castigar el uso criminal del puerto. Agravar la pena por emplear infraestructura o credenciales portuarias para delinquir eleva el riesgo para quien intenta capturar la cadena.
- Coordinación permanente. Institucionaliza el trabajo conjunto entre Armada, Aduana, PDI, Policía Marítima y SAG que hoy depende de operativos excepcionales.
- Proteger un activo país. Cuidar la confianza internacional evita que los socios impongan controles generalizados que golpearían la competitividad de todas las exportaciones chilenas.
Por qué le importa a Los Lagos
Los Lagos concentra cerca del 67% de la producción acuícola del país, pero su salmón y sus mitílidos salen al mundo, en su mayoría, por puertos que están fuera de la región. El grueso del producto congelado se embarca en los terminales del Biobío —sobre todo Coronel, además de San Vicente y Lirquén—; el salmón fresco vuela desde Santiago; y una parte cruza por el paso Cardenal Samoré hacia Brasil y Argentina. Puerto Montt ha comenzado a exportar contenedores de forma directa, pero todavía es una fracción menor. Esa dependencia de una cadena logística nacional es lo que vuelve tan relevante esta ley: el exportador de Los Lagos vive de puertos que no controla, y si un hallazgo de droga con sello chileno gatillara controles generalizados en destino, pagaría en demoras y sobrecostos aunque nada tuviera que ver. Es, además, materia de la comisión que preside el senador por la región. En la misma línea, el debate sobre los aranceles al salmón mostró hasta qué punto la economía regional depende de su logística de exportación.
Qué viene
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recibirá indicaciones para mejorar el articulado y luego lo votará en particular; recién entonces el proyecto volverá a la Sala. Iremos informando cada etapa de la tramitación.
Fuentes: proyecto boletín 18.420-25, moción de los senadores Paulina Núñez, Iván Flores, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Cristián Vial (7 de julio de 2026); Sala del Senado, sesión del 12 de agosto de 2026 (aprobación en general); Servicio Nacional de Aduanas (incautación del 8 de junio de 2026); Camport (comercio exterior marítimo 2025). Verificado el 13 de agosto de 2026.