El Catastro Nacional de Campamentos que TECHO-Chile presentó ante la Comisión de Vivienda del Senado confirma que la región crece al doble de la velocidad del país. Quince de esos asentamientos ya superan los veinticinco años, y en Chiloé hay campamentos catastrados en 2018 que recién tendrán solución habitacional en 2027.
Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado · Sesión del 4 de agosto de 2026 · Valparaíso
La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado destinó su sesión del martes 4 de agosto a escuchar a TECHO-Chile, que llegó hasta la Sala N° 9 de Valparaíso a presentar los resultados de su Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 y el trabajo de su Inmobiliaria Social. Expusieron su director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez, junto a Bárbara Callejas y Sofía Astorquiza. El senador Carlos Ignacio Kuschel participó en la sesión.
A nivel nacional el catastro contabiliza 1.428 campamentos donde viven 120.584 familias, el equivalente al 2,1 por ciento de los hogares del país. En dos años se sumaron 6.697 familias, un alza de 5,8 por ciento, mientras la cantidad de asentamientos creció 10,6 por ciento. Pero el dato que interesa acá es otro, y es peor.
La región crece al doble del ritmo del país
- 75campamentos en la Región de Los Lagos
- 3.589familias viviendo en ellos
- 17%de alza, contra 10,6% nacional
- 15asentamientos con más de 25 años
En la Región de Los Lagos hay 75 campamentos que albergan a 3.589 familias, y el aumento de asentamientos alcanzó un 17 por ciento. Eso significa que la región creció a más del doble de la velocidad del promedio nacional y lidera el aumento entre las regiones del sur del país.
Osorno concentra la mayor cantidad, con 22 campamentos, y subió desde los 16 que tenía en la medición anterior. Ahí están los dos más grandes de la región, Rahue Alto con 230 familias y El Esfuerzo con 210. Puerto Varas pasó de un campamento con 50 familias a tres campamentos con 95, y junto a Puerto Montt figura entre las diez comunas del país con mayor demanda habitacional. A eso se suman 26 campamentos en riesgo de desalojo repartidos entre Puerto Montt, Osorno y Frutillar.
Detrás de esas cifras hay una composición que conviene mirar de cerca. En los campamentos de la región viven 1.796 niños y niñas menores de catorce años, 480 adultos mayores y 178 personas con discapacidad, y 997 de las familias catastradas pertenecen a pueblos originarios. No es población de paso.
Chiloé lleva ocho años esperando
El catastro nacional entrega el dato regional pero no lo desglosa por comuna, así que para saber qué pasa en Chiloé hay que retroceder al catastro de 2018, el último que publicó ese nivel de detalle. Entonces la provincia concentraba cerca del 28 por ciento de los campamentos de la región, con doce asentamientos y 249 familias repartidos entre Ancud, que tenía cuatro, Quellón con cinco, Castro con dos y Quemchi con uno.
Lo revelador no es la cifra sino los nombres. Los Álamos y Monseñor Juan Luis Ysern, los dos campamentos de Castro catastrados en 2018, son exactamente los mismos que hoy aparecen como beneficiarios del proyecto Antukuyén IV, treinta y dos viviendas destinadas a familias de campamento que todavía están en proceso de expropiación, con postulación prevista para diciembre de 2026 y entrega proyectada para fines de 2027.
Ocho años entre el catastro que los identificó y las llaves, y eso ocurre en la comuna que el propio Ministerio de Vivienda destacó como la de mayor inversión habitacional de la región.
Castro tiene cerca de mil viviendas en ejecución entre el Plan Urbano Habitacional La Chacra, Antukuyén III y Huelemu. Es decir, incluso donde más se está construyendo, el reloj de una familia de campamento se mide en años.
Cuántos campamentos hay hoy en Chiloé es una pregunta que no tiene respuesta pública. El desglose comunal del catastro vigente no está publicado, y pedirlo es probablemente la gestión más útil que puede hacer un parlamentario de la zona antes de discutir cualquier solución.
Quince campamentos que llevan más de veinticinco años
Si hay un dato que ordena todo el resto, es este. Quince campamentos de la Región de Los Lagos superan los veinticinco años de existencia, y en ellos viven más de mil personas. En Puerto Montt son más de seiscientas. Una familia que llegó a un campamento a mediados de los noventa vio pasar gobiernos completos, planes habitacionales, promesas de erradicación y programas de asentamientos precarios sin que su situación cambiara. Eso ya no describe una emergencia. Describe una forma de habitar que el Estado normalizó por omisión.
La cadena que empieza en el crédito
El catastro desarma la idea de que quienes llegan a un campamento lo hacen por marginalidad o por elección. Cuando se les pregunta por qué, un 81,3 por ciento responde que buscaba independizarse del hogar de origen, un 80 por ciento menciona el alto costo de los arriendos y un 78,7 por ciento apunta a los bajos ingresos. Son familias que trabajan y que no logran pagar un arriendo en la ciudad donde trabajan.
Para el senador Carlos Ignacio Kuschel, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y profesor de macroeconomía antes de llegar al Congreso, ese resultado no es un accidente sino la consecuencia previsible de decisiones tomadas hace pocos años. Él fue de los pocos parlamentarios que votó en contra de los retiros de fondos previsionales cuando se discutieron en la Cámara de Diputados, tanto en julio de 2020 como en noviembre de ese año, cuando fue uno de apenas dieciocho votos de rechazo frente a ciento treinta aprobaciones. Su argumento entonces apuntaba a lo que vendría después: el encarecimiento de la vida, el cierre del acceso al crédito hipotecario y el crecimiento de la informalidad.
Las cifras posteriores le dieron sustento. El retiro masivo de fondos desde el mercado de capitales local encareció el financiamiento de largo plazo de forma abrupta. Las tasas de los bonos soberanos a diez años pasaron de terreno negativo en mayo de 2020 a un máximo de 2,95 por ciento en octubre de 2021. Las tasas hipotecarias subieron 1,9 puntos porcentuales tras el tercer retiro, desde un promedio de 2,5 por ciento real a 4,4 por ciento. Y el mercado de renta fija, que es el que financia las hipotecas a treinta años, opera hoy 43 por ciento por debajo de sus niveles previos a la pandemia.
La renta exigida por un banco para aprobar un crédito hipotecario aumentó cerca de 30 por ciento desde enero de 2020. Los salarios reales, en el mismo período, crecieron 2,9 por ciento.
Una familia de Puerto Montt, de Osorno o de Quellón que en 2019 calificaba para comprar, hoy no califica. Y si no puede comprar, arrienda. Y si el arriendo sube porque todos los que no pueden comprar están arrendando, aparece el 80 por ciento del catastro que llegó al campamento por el costo del arriendo.
La otra presión sobre el mismo stock
A esa restricción de acceso se le sumó un aumento de la demanda que el país no planificó. Entre 2022 y 2025 se incorporaron 47.391 familias migrantes a los campamentos del país, y hoy el 39,3 por ciento de las familias catastradas a nivel nacional son migrantes. La concentración es marcadamente territorial y se ubica en el norte y en la Región Metropolitana, donde en los asentamientos de mayor tamaño la proporción de hogares migrantes llega al 50,7 por ciento y en Antofagasta alcanza el 87 por ciento.
Ninguna de esas dos fuerzas se anula con la otra. Un mercado que dejó fuera del crédito a las familias que antes calificaban, sumado a un aumento de demanda sobre el mismo parque de viviendas y de arriendos, produce exactamente lo que muestra el catastro. La discusión sobre cuál pesa más tiende a ocupar el lugar de la discusión sobre qué se hace, que es la que a esta altura importa.
Qué propuso TECHO
La organización planteó ante la comisión la necesidad de un plan preventivo que actúe sobre las causas estructurales y no solo sobre los asentamientos ya formados. Entre sus propuestas está mejorar el acceso al crédito para familias que hoy quedan fuera del sistema, diversificar la oferta habitacional más allá del subsidio tradicional, convertir la Ley de Integración Social y Urbana en una política de Estado permanente en vez de un instrumento transitorio, y rediseñar el Programa de Asentamientos Precarios con tipologías de intervención distintas según el tipo de campamento.
La sesión fue informativa y no hubo votación. Pero el diagnóstico quedó instalado en la comisión, y para Los Lagos el mensaje es difícil de eludir: la región no está conteniendo el problema, lo está acumulando.
Fuentes. Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, TECHO-Chile. Ficha de la sesión del 4 de agosto de 2026, Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Catastro Nacional de Campamentos 2018 para el desglose de Chiloé. Cobertura de El Insular sobre los proyectos habitacionales de Castro. Estudio sobre efectos de los retiros previsionales en el mercado financiero, Universidad San Sebastián. Registros de votación de la Cámara de Diputadas y Diputados, julio y noviembre de 2020.